Los Estatutos de Autonomía rigen las normas institucionales básicas de cada una de las Comunidades Autónomas. En Canarias, el estatuto vigente está aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre. En él, podemos destacar el artículo 11, donde se señala el derecho de igualdad y cooperación.

En este derecho de igualdad y cooperación los poderes públicos canarios garantizan tres acciones. Por un lado, aseguran las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas a la igualdad, la no discriminación, la participación en la vida pública, al desarrollo económico, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, garantizan el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación. Y por último, velan por el fomento de la paz, la tolerancia, así como la cooperación al desarrollo.

Para el cumplimiento de este último punto se establecerán programas y acuerdos con los países vecinos y próximos, geográfica o culturalmente, así como con las organizaciones no gubernamentales y las instituciones públicas y privadas que resulten precisos para garantizar la efectividad y eficacia de dichas políticas en Canarias y en el exterior.

Este marco normativo ha sido inspirador en el desarrollo de la estrategia para la intervención en la gestión de la (in)migración y la promoción de la convivencia intercultural en Canarias.